La más reciente medida distrital que prohíbe el tránsito de parrillero en motocicleta durante todo un fin de semana en Bogotá ha reabierto el debate sobre la eficacia y equidad de este tipo de restricciones. Aunque el decreto busca reducir los índices de hurto y mejorar la seguridad ciudadana, diversos sectores advierten que podría generar efectos discriminatorios y afectar derechos fundamentales.
La Alcaldía justificó la decisión con base en reportes de la Policía Metropolitana, que señalan un aumento de delitos cometidos por personas que se movilizan en motocicleta. Sin embargo, organizaciones de motociclistas y expertos en movilidad sostienen que la restricción castiga a toda una comunidad por el comportamiento de unos pocos, afectando de forma directa a trabajadores que dependen de este medio para su sustento diario, como domiciliarios, mensajeros y conductores de plataformas.
“Medidas como esta terminan penalizando la pobreza y refuerzan el estigma del motociclista como delincuente potencial”, señaló un representante de la Asociación Nacional de Motociclistas, quien además advirtió que la prohibición vulnera la libertad de circulación y el derecho al trabajo consagrados en la Constitución.
Analistas jurídicos coinciden en que, aunque el Estado puede adoptar medidas de seguridad, estas deben ser proporcionales y estar sustentadas en evidencia técnica. La Corte Constitucional ha reiterado que las restricciones al tránsito no pueden basarse en prejuicios o criterios de género, como ha ocurrido en otras ocasiones al prohibirse exclusivamente el “parrillero hombre”.
Desde la perspectiva de derechos humanos, la medida podría configurar una forma de discriminación indirecta, al impactar principalmente a los sectores de menores ingresos que utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo. Además, podría aumentar la desconfianza hacia las autoridades si no se demuestra una reducción significativa en los índices de criminalidad.
Mientras la administración distrital defiende la medida como una acción preventiva temporal, los motociclistas exigen su derogación inmediata y piden que las políticas de seguridad se construyan con participación ciudadana y análisis técnico. En las próximas semanas se conocerán los resultados de la evaluación oficial que determinará si la restricción continuará o se modificará, mientras tanto miles de conductores protestan en las calles bloqueando vias y afectando al ciudadano de a pie y a todos en general.
