El futuro congresista, primer profesional de su familia gracias a la universidad pública, impulsará reformas para garantizar acceso, calidad y permanencia educativa «desde la primera infancia hasta la superior».
John Amaya, electo Senador de la República, definió a la educación pública como la causa fundacional de su carrera política y su principal bandera legislativa para el próximo cuatrienio. Su objetivo, anunciado esta semana, es impulsar reformas constitucionales y legales que fortalezcan el sistema educativo nacional, aseguren inversión en infraestructura y formación docente, y prioricen el control político para garantizar el cumplimiento de las normas. Para Amaya, la educación es la herramienta clave para reducir las desigualdades estructurales del país.
La visión política de Amaya se origina en su experiencia personal como miembro de la primera generación de su familia en acceder a la educación superior, un logro que atribuye directamente a la universidad pública. Esta vivencia, común a miles de colombianos, moldeó su convicción de que la educación es el principal motor de movilidad social.
Su propuesta se articula bajo el lema «Educar para igualar», un principio que busca traducirse en políticas concretas. El plan se centra en tres ejes: acceso universal, calidad en todos los niveles y permanencia de los estudiantes en el sistema. «Se trata de garantizar el derecho a la educación sin importar el lugar donde se nace», afirmó el futuro senador.
El contexto en el que llega Amaya al Capitolio es complejo. Aunque Colombia ha avanzado en cobertura educativa, persisten brechas profundas en calidad e infraestructura, especialmente entre zonas urbanas y rurales, y según el nivel socioeconómico. Los debates pendientes incluyen el financiamiento sostenible de la educación pública y la implementación efectiva de la Jornada Única.
Expertos en política educativa consultados para este artículo coinciden en que el éxito de cualquier reforma dependerá de su capacidad para construir consensos amplios y de diseñar mecanismos de financiación realistas. «Plantear reformas constitucionales es un camino ambicioso que requiere una coalición política sólida y una priorización clara en el debate nacional», señaló una analista del sector.
El impacto potencial de la agenda de Amaya radica en su enfoque integral y su énfasis en el control político, un mecanismo clave para pasar de la letra de la ley a la realidad en las aulas. Sus próximos pasos involucrarán la construcción de alianzas en el Senado para presentar sus primeros proyectos de ley. Su trayecto personal se erige ahora como el fundamento de una batalla legislativa que busca que la educación cumpla, de manera efectiva, su promesa de igualdad para millones de colombianos.
