Hallazgos de interventoría revelarían dispositivos médicos vencidos, deficiencias en medicamentos y bajo cumplimiento en seguridad laboral, según denuncia presentada ante entes de control.
Tocancipá, Cundinamarca – Una denuncia pública dio a conocer presuntos incumplimientos en los estándares obligatorios de habilitación en salud del Hospital Nuestra Señora del Tránsito de Tocancipá, con base en hallazgos contenidos en el proceso de interventoría del contrato de operación N.º 982-2019. La advertencia, realizada por Viviana Méndez, exconcejal del municipio y actual candidata a la Cámara de Representantes por Cundinamarca, solicita la intervención urgente de las autoridades sanitarias y los entes de control para garantizar la seguridad de pacientes y personal asistencial.
El informe de interventoría, cuya existencia fue revelada por la denunciante, evidenciaría el presunto incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 3100 de 2019, norma que establece los requisitos para la habilitación de servicios de salud en Colombia. De acuerdo con el documento, las fallas detectadas afectarían múltiples áreas de la operación hospitalaria, desde la disponibilidad de insumos clínicos hasta las condiciones sanitarias básicas de la infraestructura.
Hallazgos que comprometen la atención
Entre las irregularidades de mayor gravedad señaladas en el informe se encuentra la presunta utilización de dispositivos médicos vencidos en contextos de atención, incluyendo situaciones de emergencia. Esta práctica, de confirmarse, constituiría una violación a los protocolos de seguridad del paciente y podría derivar en complicaciones durante los procedimientos asistenciales.
Asimismo, el documento detectaría deficiencias significativas en la gestión y control de medicamentos, así como incumplimientos en procesos asistenciales prioritarios y fallas en la trazabilidad y disponibilidad de insumos clínicos. El informe también señalaría que tanto el hospital como algunos servicios tercerizados estarían operando con conceptos sanitarios no vigentes, lo que comprometería su habilitación legal para prestar servicios de salud.
Problemas sanitarios y ambientales
La denuncia también advierte sobre debilidades estructurales en materia de saneamiento básico. Según los hallazgos, no se habrían realizado muestreos actualizados de agua potable y residual, se encontraría pendiente el lavado del tanque de almacenamiento de agua y existirían deficiencias en el control sanitario de plagas.
En el componente ambiental, aunque el hospital contaría con documentación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, se habrían identificado fallas en la señalización, los registros de limpieza y el manejo de áreas. Esta situación podría generar focos de contaminación con potencial impacto en la salud pública si no se implementan medidas correctivas de manera oportuna.
Seguridad laboral en nivel crítico
Uno de los indicadores más preocupantes contenidos en el informe es la calificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que alcanzaría apenas un 35,25%. Este porcentaje reflejaría un bajo nivel de cumplimiento y evidenciaría la necesidad urgente de fortalecer las condiciones laborales y los protocolos de protección para el personal de salud, quienes han enfrentado condiciones de alta exigencia en los últimos años.
Llamado a intervención inmediata
Viviana Méndez, en su calidad de denunciante, enfatizó que estos hallazgos no pueden ser minimizados y que guardar silencio «sería fallarle a la ciudadanía». Por esta razón, solicitó acciones inmediatas orientadas a corregir las deficiencias identificadas en los estándares de habilitación, garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores, asegurar el cumplimiento estricto de la normatividad sanitaria vigente y fortalecer la capacidad institucional del hospital.
La denuncia presentada abre un nuevo capítulo en el debate sobre la calidad de los servicios de salud en Tocancipá. Se espera que en los próximos días las autoridades departamentales y nacionales emitan pronunciamientos frente a los hallazgos revelados, mientras la comunidad permanece atenta a las decisiones que adopten los entes de control. La exigencia planteada es clara: la seguridad de los pacientes y el derecho fundamental a la salud no pueden quedar en entredicho.
