En las montañas frías de La Calera, donde el silencio suele ser interrumpido apenas por el viento y el rumor de los árboles, una finca escondía una escena muy distinta. No era un encuentro cualquiera: bajo la apariencia de discreción, y movido en la clandestinidad de grupos cerrados en redes sociales, se gestaba lo que sus organizadores llamaban una “convención internacional” de peleas de perros. La cita, que separaba a los animales por peso y sexo, prometía violencia, apuestas y sufrimiento. Pero antes de que el primer enfrentamiento comenzara, la justicia llegó.
La información, filtrada desde los mismos canales digitales que intentaban ocultarla, llegó a oídos de la Fiscalía General de la Nación. En cuestión de horas, este 17 de marzo el operativo se puso en marcha. La irrupción en la finca fue contundente: un allanamiento que rompió la aparente tranquilidad del lugar y dejó al descubierto un improvisado cuadrilátero de madera. Allí, 12 perros aguardaban, ajenos a su destino, listos para ser obligados a atacarse entre sí. La escena, más que un espectáculo clandestino, era un retrato crudo de la crueldad organizada.
En flagrancia fueron capturadas 13 personas. Nueve de ellas, ciudadanos extranjeros provenientes de Ecuador, Venezuela y República Dominicana; los otros cuatro, colombianos. Entre estos últimos, dos nombres resaltaron por la gravedad de su implicación: Juan Esteban León Ramírez, señalado como organizador del evento, y Carlos Cifuentes Hernández, un veterinario que, según las autoridades, no solo participaba, sino que habría puesto su conocimiento al servicio del maltrato. La Fiscalía los imputó por delitos relacionados con la muerte animal y lesiones graves, y solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que representan un riesgo no solo para la sociedad, sino para los animales que, en teoría, debían proteger.
Detrás del operativo estuvo el trabajo articulado entre el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) y la Policía Nacional de Colombia, que lograron infiltrar la información y ubicar el punto exacto del encuentro. Lo que encontraron no fue solo un evento ilegal, sino una estructura que operaba con lógica criminal: convocatoria selectiva, apuestas clandestinas y una red que, aunque aún no se sabe desde cuándo funcionaba, deja ver la dimensión de un negocio que lucraba con el dolor.
Pero este caso no solo deja capturas y rescates: también se inscribe en un momento en el que Colombia ha endurecido su respuesta frente al maltrato animal. Con la entrada en vigor de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, el país fortaleció su marco penal para castigar estas conductas. Hoy, causar la muerte a un animal puede acarrear penas de entre 32 y 56 meses de prisión, además de multas que alcanzan los 60 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer profesiones relacionadas con animales. Cuando se trata de lesiones graves, las condenas oscilan entre 20 y 42 meses de cárcel, junto con sanciones económicas e incluso la prohibición de tener animales por varios años.
La ley también contempla agravantes que pueden aumentar significativamente las penas: actuar con sevicia, realizar estos hechos en espacios públicos, promoverlos a través de redes sociales o lucrarse económicamente con el sufrimiento animal —como ocurrió en este caso— puede elevar las condenas hasta en tres cuartas partes.
Hoy, los ladridos que se escuchan en esa finca ya no son de agonía anticipada. Los perros fueron rescatados, y aunque las heridas —visibles e invisibles— tardarán en sanar, su historia marca un precedente. En Cundinamarca, este operativo no solo desmanteló una red, también envió un mensaje claro: la crueldad, por más que se oculte, ya no encuentra refugio en la impunidad.
