El acopio de residuos de construcción sin permiso amenaza el recurso suelo y vulnera la normativa vigente en la Sabana de Bogotá
Tras una denuncia ciudadana, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de las actividades de una escombrera clandestina ubicada en la vereda San Martín del municipio de Gachancipá, al norte del área metropolitana de Bogotá. Durante una visita técnica realizada en los últimos días, funcionarios de la entidad confirmaron la disposición inadecuada de residuos de construcción y demolición (RCD) sin los permisos ambientales requeridos por ley.
En el predio inspeccionado se encontraron acumulaciones de material de excavación, fragmentos de concreto y ladrillos, provenientes presumiblemente de obras de construcción o demolición en la región. La CAR estableció que el sitio no cuenta con autorización para funcionar como escombrera, lo que constituye una infracción a la normativa ambiental.
«La normativa ambiental vigente prohíbe el abandono y almacenamiento de residuos de construcción en zonas no autorizadas, ya que estas prácticas generan afectaciones al recurso suelo, alterando sus propiedades y favoreciendo procesos de degradación como la erosión y la compactación», explicó Mauricio Garzón, director regional Sabana Centro de la CAR.
Medida preventiva y apertura de proceso administrativo
Como resultado de la inspección, la autoridad ambiental impuso una medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de disposición de RCD en el lugar. Esta decisión, de carácter transitorio, se mantendrá vigente mientras se desarrolla el proceso administrativo correspondiente para determinar responsabilidades.
Simultáneamente, la CAR ordenó la apertura de un expediente ambiental y comisionó a la Alcaldía de Gachancipá para ejecutar y realizar seguimiento a la medida impuesta. Los costos derivados de estas actuaciones deberán ser asumidos por el presunto infractor, tal como lo establece la legislación colombiana en materia ambiental.
Los residuos de construcción y demolición, conocidos técnicamente como RCD, requieren un manejo especializado pues su disposición inadecuada no solo afecta la estabilidad del suelo sino que puede contaminar fuentes hídricas y alterar el paisaje rural. En la Sabana de Bogotá, un territorio con alta presión urbanística, este tipo de infracciones representa una amenaza creciente para los ecosistemas estratégicos.
Participación ciudadana y llamado a la denuncia
El caso tuvo origen en una queja ciudadana, mecanismo que la CAR busca fortalecer como herramienta de control territorial. «Hacemos un llamado a la comunidad a realizar una adecuada disposición de estos residuos y a contribuir con la protección del ambiente y el territorio», agregó Garzón.
La entidad recordó que los escombros deben ser llevados a sitios autorizados que cumplan con los requisitos técnicos para recibir este tipo de materiales, y que el abandono de RCD en lotes vacíos, vías o zonas rurales constituye una falta sancionable con multas, medidas correctivas y procesos legales.
La suspensión de esta operación clandestina se suma a otras acciones de control que la autoridad ambiental adelanta en la región, en un contexto donde la expansión urbana y las obras de infraestructura generan volúmenes crecientes de residuos que requieren gestión responsable. La CAR invitó a los ciudadanos a continuar reportando situaciones que puedan generar impactos ambientales a través de sus canales oficiales.
