El presidente Gustavo Petro sancionó en Popayán la ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, reemplazando el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior como base para el incremento anual de los recursos destinados a universidades e instituciones técnicas públicas.
Popayán, Cauca, 3 de marzo de 2026. Con la firma del presidente Gustavo Petro en un acto realizado en Popayán, entró en vigencia la Ley 2568 de febrero de 2026, que transforma el modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia. La reforma corrige un desajuste estructural vigente desde 1992, cuando la Ley 30 ató el crecimiento del presupuesto de las instituciones de educación superior (IES) al Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador que mide la variación en el costo de vida pero no refleja los gastos reales del sector educativo.
Durante más de tres décadas, las universidades públicas y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias (ITTU) recibieron incrementos anuales basados en la inflación general, mientras sus costos operativos —como mantenimiento de laboratorios, contratación docente, investigación e infraestructura— crecían a un ritmo superior. El resultado fue un déficit acumulado que limitó la ampliación de cobertura y la calidad académica, pese al aumento constante de la demanda estudiantil en todo el territorio nacional.
La nueva ley sustituye ese mecanismo por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un referente diseñado específicamente para reconocer los gastos propios del sector. Además, establece recursos adicionales para cerrar brechas regionales, formalizar el empleo en las instituciones públicas y mejorar la capacidad instalada. La norma también dispone que la inversión estatal en educación superior aumente progresivamente hasta alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB), con el objetivo de equiparar a Colombia con los estándares regionales. Según el Gobierno, la reforma cuenta con concepto favorable del Ministerio de Hacienda.
«La educación superior pública es lo que nos permite tener el cemento de la paz y una nación poderosa descubriendo nuestra propia diversidad», afirmó el presidente Petro durante la ceremonia. «Esa educación pública es la que puede construir la paz de Colombia de manera definitiva porque una persona que lea no es capaz de matar a otra persona», agregó.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, destacó que la reforma es resultado del diálogo con estudiantes, docentes y rectores, así como del cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. «Hoy le cumplimos al movimiento estudiantil y al país. Destinamos recursos históricos, muy superiores a los exigidos en las calles, para garantizar que la universidad pública se fortalezca y que ningún joven vuelva a quedar por fuera por falta de dinero», señaló Rojas.
La promulgación de la ley consolida una serie de políticas implementadas desde 2023. Entre ellas, el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior, que ha llevado oportunidades a municipios como Guapi, Argelia, Uribia y Barbacoas; y la estrategia Educación Superior en Tu Colegio, que beneficia a más de 90 mil estudiantes en 370 municipios. En materia de gratuidad, entre 2023 y 2025 se invirtieron 6,8 billones de pesos, pasando de 690 mil a 930 mil estudiantes beneficiados. El 97% de los alumnos de pregrado en instituciones públicas actualmente no paga matrícula.
La inversión total de la Nación en educación superior ronda los 15 billones de pesos, de los cuales 13 billones se transfieren directamente a las IES públicas. Entre 2023 y 2026 se incorporaron 6,4 billones adicionales, el mayor aumento real en más de una década. En infraestructura, se comprometieron más de 1,67 billones para 104 proyectos en todo el país, financiados mediante vigencias futuras que aseguran recursos hasta 2036.
La reforma también respalda la creación de instituciones de carácter étnico y campesino, como la Universidad del Macizo Colombiano, la Ala Kusreik Ya – Misak Universidad – y la Universidad de los Pueblos Pastos y Quillacingas, así como la ampliación de fondos para poblaciones indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras, rrom y víctimas del conflicto.
Al cierre de 2025, 347 mil estudiantes adicionales accedieron a la educación superior sin endeudarse. La base presupuestal de funcionamiento de las instituciones públicas creció 53% frente a 2022, la tasa de tránsito inmediato aumentó cinco puntos porcentuales y la cobertura bruta alcanzó 57,5%, con proyección de superar 60% en el corto plazo.
Con la sanción en Popayán, Colombia no solo actualiza una fórmula presupuestal: redefine el financiamiento de la educación superior pública como un derecho y no como un privilegio, con miras a garantizar su sostenibilidad y expansión para las próximas generaciones.
