Fusagasugá, Sesquilé, La Mesa y Facatativá bajo la lupa fiscal de la Contraloría
La Contraloría de Cundinamarca reforzó sus acciones de vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos al declarar un detrimento patrimonial de $118,6 millones en la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá y revelar que municipios como La Mesa, Facatativá, Fusagasugá y Sesquilé concentran algunas de las mayores observaciones detectadas en el primer ciclo auditor de 2026.
En el caso del Hospital San Rafael, el organismo de control emitió el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 003 de 2026, mediante el cual declaró responsables a un exsubgerente y a una contratista por irregularidades en el reconocimiento y pago de cesantías parciales. La investigación estableció que no se tuvieron en cuenta desembolsos realizados en años anteriores, lo que generó pagos superiores a los debidos y ocasionó un detrimento patrimonial de $118.695.338.
La Contraloría concluyó que los hechos ocurrieron por fallas graves en la administración y control de los recursos públicos. Además, vinculó como tercero civilmente responsable a la Compañía Mundial de Seguros S.A., por las pólizas relacionadas con los contratos suscritos para la liquidación de las prestaciones sociales.
El contralor de Cundinamarca, Andrés Felipe Trujillo Galvis, señaló que este fallo ratifica el compromiso de la entidad con la protección del patrimonio público y la vigilancia de los recursos destinados al sector salud, garantizando que los responsables respondan por los daños ocasionados a las finanzas del Estado.
Paralelamente, los resultados del primer ciclo auditor del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) 2026 evidenciaron un panorama de preocupación en varios municipios del departamento. La Mesa registró 38 hallazgos, Facatativá 27, mientras que Fusagasugá y Sesquilé reportaron 24 observaciones cada uno, ubicándose entre las administraciones con mayores retos para fortalecer sus controles y corregir deficiencias en la gestión pública.
En total, las auditorías dejaron 396 hallazgos, de los cuales 346 son administrativos, 32 tienen presunta incidencia disciplinaria, 11 presentan connotación sancionatoria y siete corresponden a hallazgos fiscales por más de $394 millones. Aunque la Contraloría destacó beneficios de auditoría superiores a $1.158 millones y la puesta en marcha de obras pendientes, anunció un estricto seguimiento a los planes de mejoramiento que deberán implementar las entidades observadas para proteger el patrimonio público.
