La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia un fallo de responsabilidad fiscal por irregularidades en la administración de los cuatro cementerios distritales de la capital. La decisión quedó en firme y no admite nuevos recursos dentro de la actuación administrativa.
El órgano de control estableció que 7.451 millones de pesos, que debían ser consignados en una fiducia prevista en el contrato de concesión, fueron depositados en cuentas privadas, incumpliendo el mecanismo diseñado para garantizar la transparencia y el control de los recursos públicos.
La investigación se originó tras las verificaciones realizadas a la ejecución del contrato de concesión de los cementerios distritales. Durante las auditorías se evidenció que el manejo del dinero se apartó de las condiciones pactadas, situación que fue considerada una irregularidad con relevancia fiscal.
La Contraloría explicó que la utilización de una fiducia en este tipo de contratos permite asegurar la trazabilidad de los recursos, establecer controles permanentes y garantizar que los ingresos sean administrados conforme a las reglas definidas por la contratación pública.
El fallo de responsabilidad fiscal tiene como propósito determinar la existencia de un daño al patrimonio público y establecer quiénes deben responder económicamente por ese perjuicio. Este procedimiento es independiente de eventuales investigaciones penales o disciplinarias.
Los cementerios distritales prestan un servicio público esencial para miles de familias bogotanas, por lo que su administración exige estrictos mecanismos de vigilancia y transparencia. El adecuado manejo de los recursos también incide en la continuidad y calidad del servicio.
El caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de fortalecer los controles durante la ejecución de los contratos de concesión. Expertos han insistido en la necesidad de reforzar las auditorías, la digitalización de la información financiera y el seguimiento preventivo para evitar nuevas irregularidades.
Con esta decisión, la Contraloría envía un mensaje sobre la obligación de cumplir estrictamente las condiciones contractuales y proteger el patrimonio público. El organismo reiteró que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en la gestión estatal.
