La Sala Plena no resolvió quién debe investigar al expresidente por las masacres de los años 90 en Antioquia, y el expediente permanece, por ahora, en manos del ente acusador.
La Corte Constitucional se declaró inhibida para decidir si la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes debe investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con el paramilitarismo y su posible responsabilidad en masacres ocurridas en Antioquia durante la década de 1990. Con esta decisión, el proceso continúa por ahora en la Fiscalía, que ya lo adelantaba.
Una decisión sin pronunciamiento de fondo
La votación en la Sala Plena fue de siete magistrados a favor y dos en contra. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto. La ponencia estuvo a cargo de la magistrada Paola Meneses, actual presidenta de la Corte.
Según la ponencia, no se cumplían los presupuestos normativo y objetivo necesarios para resolver el conflicto. Por eso, el tribunal no entró a definir cuál de las dos autoridades es la competente.
El origen de la disputa
La investigación se reactivó el 18 de junio, cuando el propio Uribe informó que la Fiscalía lo había citado a indagatoria por su presunta relación con tres masacres. Los hechos investigados son la conformación de un grupo paramilitar en San Roque, las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Todos habrían ocurrido cuando Uribe era gobernador de Antioquia.
La Fiscalía lo investiga por concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Su hipótesis es que habría facilitado y promovido la acción de grupos armados con base en la Hacienda Guacharacas.
El 26 de agosto, la Comisión de Acusación pidió el expediente. Su presidente, el representante Carlos Alberto Cuenca Chaux, explicó que la Comisión había aprobado por unanimidad, el 19 de agosto, plantear una colisión de competencias. Argumentó que Uribe fue presidente entre 2002 y 2010, que los hechos habrían ocurrido hasta 2003 y que los presidentes son aforados, es decir, tienen un fuero especial que traslada su investigación a la Cámara.
La postura de la Fiscalía
El ente investigador rechazó entregar el caso. Sostuvo que los hechos son anteriores a la llegada de Uribe a la Presidencia y que no se le atribuyen en esa calidad, sino cuando era gobernador de Antioquia. Por eso, afirmó que la competencia actual es suya y que continuará la etapa de instrucción conforme a la Ley 600 de 2000, el procedimiento penal aplicable a hechos de esa época.
Lo que viene
Al no haber una decisión de fondo, el expediente sigue en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que continuará con la instrucción. La decisión de la Corte no establece responsabilidad alguna del expresidente: se limita a un asunto procesal. Tampoco cierra de manera definitiva el debate sobre competencia, que, según lo informado, queda sin resolver por ahora.
