El senador sostiene que los demandantes no precisaron la afectación electoral ni los actos de violencia que alegan. La discusión sobre el llamado “voto fusil” sigue abierta en el escenario político.
El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico y excandidato presidencial, informó mediante un comunicado de prensa que el Consejo de Estado ha inadmitido o rechazado hasta ahora ocho demandas de nulidad electoral. Esas demandas buscaban sustentar el llamado “voto fusil”. El congresista afirma que el alto tribunal fundamentó sus decisiones en que los demandantes no señalaron con claridad cuál sería la afectación electoral ni qué hechos de violencia se denuncian.
Durante la campaña presidencial se popularizó la expresión “voto fusil” para referirse a la supuesta influencia o intimidación de grupos armados ilegales sobre los votantes. Esta tesis fue impulsada desde las campañas de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Surgió después de que Cepeda obtuviera resultados que describieron como extraordinarios en varios municipios del Pacífico y del sur del país, en la segunda vuelta del 21 de junio. En esas zonas hacen presencia grupos armados al margen de la ley.
La decisión más reciente
La última determinación se produjo el lunes 9 de noviembre. Según el comunicado, el Consejo de Estado rechazó la segunda demanda promovida por Sergio Álzate González y por el concejal del Centro Democrático Andrés Felipe Rodríguez Puerta. Con ella pretendían anular las curules de Cepeda y de la representante a la Cámara Aida Quilcué Vivas.
Cepeda sostuvo que las demandas “no acreditan un solo acto de violencia”. Añadió que tampoco demuestran que la voluntad de los electores se haya alterado por presiones de grupos armados.
Un debate que viene de meses atrás
El tema no es nuevo. En agosto, medios nacionales reportaron la radicación de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la elección de ambos congresistas. Le correspondía a la Sección Quinta decidir si la admitía para estudio. En julio, la plenaria del Senado había aprobado un debate de control político sobre el asunto, con citación al Gobierno, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral.
Lo que dicen los observadores y los datos
Cepeda afirmó que sus decisiones coinciden con la posición de la Misión de Observación Electoral (MOE). Según el senador, esa organización no encontró una correlación estadísticamente significativa entre la injerencia o el control territorial de los grupos armados y los resultados de la segunda vuelta.
En su comunicado, el congresista calificó la acusación como falaz y la atribuyó a sectores de la extrema derecha. Aseguró que funciona como un instrumento de persecución política contra la oposición. También rechazó la versión de que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría sido usada para manipular resultados. De acuerdo con él, esa versión “también fracasará”.
Un análisis de los resultados en los 167 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) aporta contexto. Estos programas se aplican en los territorios más golpeados por la violencia, la pobreza rural, la débil presencia institucional y las economías ilícitas. Según ese análisis, Cepeda ganó en 121 de esos municipios y De la Espriella en 46.
Qué sigue
Las afirmaciones sobre las ocho decisiones provienen del comunicado del senador. Este medio no pudo verificarlas de forma independiente con los autos del Consejo de Estado. Por eso, la consulta de esos documentos y de las posiciones de los demandantes sigue siendo clave para dimensionar el alcance real de las decisiones. Mientras tanto, la discusión sobre el “voto fusil” continúa en los terrenos judicial, legislativo y político.
