La Fiscalía General y entidades de bienestar animal lograron la sentencia tras un operativo que rescató 12 caninos y desarticuló una convención internacional ilegal realizada en la vereda Aurora Alta.
Un juzgado de la República impuso condena a 13 personas por participar en una red clandestina de peleas de perros que operaba en el municipio de La Calera (Cundinamarca). Los implicados fueron capturados en flagrancia el 14 de marzo de 2026 durante un operativo realizado en la vereda Aurora Alta, donde se desarrollaba una convención internacional ilegal de este tipo de eventos. La acción fue liderada por la Fiscalía General de la Nación y contó con la participación articulada de entidades de protección animal del orden distrital y departamental.
La investigación estuvo a cargo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación, entidad que logró establecer la responsabilidad penal de los acusados en la organización, financiación y realización del evento. El operativo dejó al descubierto la existencia de estructuras delictivas que lucran con el sufrimiento de los animales, desvirtuando la idea de que estas prácticas son hechos espontáneos o aislados.
Como resultado de la intervención, las autoridades rescataron 12 caninos, varios de ellos con afectaciones físicas y comportamentales derivadas de la exposición prolongada a escenarios de violencia extrema. En el lugar también fueron hallados dos animales sin vida. Los animales rescatados recibieron atención técnica y veterinaria de inmediato.
En la operación participaron de manera coordinada la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC). Esta última entidad brindó acompañamiento técnico, jurídico e institucional durante el desarrollo de las actuaciones, facilitó la articulación interinstitucional y apoyó a la administración municipal en el fortalecimiento de las rutas de protección animal del territorio.
“Este caso demuestra que el maltrato animal no es un hecho aislado; detrás de estas prácticas existen estructuras organizadas que lucran con el dolor de los animales y que deben ser enfrentadas con toda la capacidad institucional. En Cundinamarca no vamos a permitir que se normalice ningún acto de violencia contra los seres sintientes”.
— Juan Guillermo Rubio, gerente del IPYBAC.
La sentencia contempla tres tipos de sanciones: pena privativa de la libertad, multa económica e inhabilidad para ejercer actividades relacionadas con la tenencia, manejo y cuidado de animales. Esta combinación de sanciones convierte el fallo en uno de los referentes más significativos dentro de los esfuerzos institucionales para prevenir y castigar conductas que atentan contra el bienestar animal en la región.
Las peleas de perros están tipificadas como delito en Colombia y son perseguidas de manera activa por las autoridades. La legislación vigente, junto con los mecanismos de coordinación interinstitucional, ha permitido avanzar en la identificación y judicialización de redes que operaban con relativa impunidad en zonas rurales y periurbanas del departamento.
Este resultado refuerza el compromiso de las entidades cundinamarquesas con la protección de los animales como seres sintientes y abre paso a una mayor vigilancia sobre este tipo de eventos clandestinos en la región. El IPYBAC reiteró que continuará apoyando a los municipios en el fortalecimiento de las rutas de atención y protección animal, y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio de maltrato o explotación de animales ante las autoridades competentes.
