Durante años, el aprovechamiento de fuentes hídricas en La Calera por parte de la industria embotelladora ha sido motivo de inconformidad entre habitantes, líderes sociales y organizaciones ambientales de la región. Lo que para muchos debía ser un recurso prioritario para la vida, terminó convertido —según denuncias reiteradas— en un lucrativo negocio, señalado incluso como parte de un “pulpo empresarial” vinculado a grandes multinacionales como Coca-Cola.
En ese contexto de creciente presión social, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tomó una decisión que marca un punto de inflexión: negó parcialmente la prórroga solicitada por la sociedad Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (INDEGA S.A.S.) y redujo significativamente su capacidad de captación de agua en el municipio.
Mediante la Resolución 347 de 2026, la autoridad ambiental determinó que la empresa no podrá continuar utilizando tres de los siete manantiales que venía explotando —los pozos 5, 6 y 7, ubicados en el predio Los Cerritos, vereda Santa Helena— y autorizó el uso de los cuatro restantes, pero con una reducción del 42 % en el caudal permitido, pasando de 3,23 a 1,9 litros por segundo.
La medida también acorta la vigencia del permiso de 10 a 5 años, lo que implica una revisión más estricta en el corto plazo sobre la conveniencia de mantener o no la concesión, dependiendo de las condiciones de la oferta hídrica.
Aunque la CAR sustenta su decisión en estudios técnicos, modelaciones hidrológicas y análisis de variabilidad climática, lo cierto es que responde también a más de un año de insistencia comunitaria. Habitantes de La Calera han cuestionado que, mientras enfrentan riesgos de desabastecimiento y presiones sobre los acueductos veredales, grandes empresas continúan explotando el recurso para fines comerciales.
El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, aseguró que la determinación recoge tanto criterios científicos como espacios de participación ciudadana, incluyendo audiencias públicas y solicitudes formales de distintos sectores.
Sin embargo, para muchos en la región, la discusión de fondo sigue abierta: ¿debe el agua, un bien esencial, seguir siendo concesionada a gran escala para la industria de bebidas?
Como parte de las nuevas condiciones, la empresa deberá implementar estrictas medidas de control y compensación ambiental, entre ellas la adquisición y restauración de más de 53 hectáreas en ecosistemas de páramo y zonas altoandinas, así como el fortalecimiento del abastecimiento de acueductos locales con los caudales no prorrogados.
También se le exige instalar sistemas de medición en tiempo real, estaciones hidrometeorológicas y desarrollar programas de participación comunitaria en la protección de la microcuenca San Lorenzo.
La CAR advirtió además que, ante escenarios de sequía, contaminación o reducción de caudales, la captación deberá suspenderse de manera inmediata, priorizando el equilibrio ambiental y el acceso al agua.
La decisión, aunque técnica en su forma, tiene un trasfondo profundamente social: el reclamo de comunidades que exigen que el agua deje de ser vista como mercancía y sea garantizada, ante todo, como un derecho.
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